En el país de los carteles, Colombia, nadie habla del cartel de los abogados defensores de criminales…

Cualquier ciudadano medianamente informado de lo que realmente ocurre en el país en materia de corrupción, criminalidad, paramilitarismo, narcotráfico, etc., tanto dentro del estado como en el sector privado y sociedad civil en general, se dará cuenta de cómo funciona (o mejor por que no funciona) la justicia colombiana. 

El travestismo de la justicia colombiana se ve reflejado más claramente en los métodos y artimañas que utilizan los abogados defensores frente a casos incuestionables de criminalidad y corrupción.  La razón de ser de un sistema judicial/penal imparcial, justo, transparente y eficiente es garantizar los derechos de los inculpados, cualquiera que sea el delito o crimen cometido; incluyendo el derecho a considerarlos inocentes hasta que las evidencias demuestren su culpabilidad. 

Pero la misión de los abogados en Colombia no parece ser la representación y defensa de los derechos y garantías procesales de sus defendidos sino, aun cuando las evidencias en contra de sus clientes son incontrovertibles, recurrir a cuanta artimaña jurídica y práctica criminal tienen disponible para tratar de hacerlos parecer inocentes; incluso llegan al extremo de recusar no solo a los denunciantes sino a los propios jueces, fiscales y aun a magistrados de las altas cortes.

Estas son practicas de defensa comunes y recurrentes en Colombia, el país de los carteles. Y un país famoso y reconocido por sus carteles no podía dejar de tener carteles de abogados defensores de criminales.   

Los mas prominentes carteles en esta categoría son los que representan y defienden a criminales como el propio Alvaro Uribe, Santiago Uribe, y docenas de criminales mas protegidos o cómplices de Uribe. Y los mas destacados exponentes de esos carteles son Jaime Granados, Jaime Lombana y Abelardo de La Espriella, para no mencionar sino algunas de las celebridades que todas las mañanas saltan de emisora en emisora, de periódico en periódico y de estudio de televisión a estudio de televisión, defendiendo la “inocencia” de sus clientes, presentándolos como personas impolutas, como artífices de todo lo bueno que ocurre en el país (héroes o funcionarios sacrificados), como victimas de persecución política y judicial; y lanzando amenazas contra testigos, de demandas por difamación, de recusaciones contra la fiscalía general, la corte suprema de justicia, etc.

El cinismo de estos abogados no tiene limites. El caso mas prominente es la reciente denuncia presentada por el cartel que defiende al narcoparamilitar Alvaro Uribe Velez y a sus secuaces ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dizque porque las acusaciones en su contra obedecen a motivaciones políticas y como tal no tienen garantías de un debido proceso.

Lo peor de todo es que estos abogados son intocables, famosos, y gozan de tan alto respeto y reconocimiento por parte de una gran mayoría de colombinos que quien es defendido por alguno de esos carteles sube en estatus social y es automáticamente considerado hombre respetable, ejemplar, a quien sus “enemigos políticos” le quieren hacer daño.  En un país donde la criminalidad y corrupción es rampante, y la justicia un chiste, la demanda de sus servicios es de tal magnitud que aun constituidos ahora como grandes bufetes de abogados no dan abasto con la demanda.

Que institución del estado, organismo judicial, asociación vigila el ejercicio profesional y ético de los abogados colombianos?

Acaso recurrir a prácticas como comprar, fabricar y/o amenazar testigos y jueces (que incluso terminan asesinados), recusar sin bases jurídicas a fiscales, para forzar decisiones absolutorias de sus clientes sobre quienes pesan evidencias incontrovertibles de culpabilidad, no son también delitos graves que deben ser castigados ejemplarmente? 

Una cosa es propender por que sus clientes tengan garantías procesales y las penas aplicadas sean las mas justas, y otra cosa que recurran a practicas criminales y se conviertan en cómplices de sus defendidos para evadir la acción de la justicia.