sábado, 8 de noviembre de 2014

Enseñanzas del proceso de paz en Irlanda del Norte para aplicar en el proceso de paz colombiano

Importante aporte del Canal Capital al proceso de paz en Colombia.

Este es el tipo de periodismo que se necesita en Colombia, mas aun durante estos tiempos en los que se juega el futuro de esta y las próximas generaciones.

Este tipo de paneles sobre el proceso de paz en Colombia y lecciones aprendidas de otros procesos en el mundo, no lo verán nunca por los medios prepago colombianos, que son la mayoría.

Si quiere aportar un grano de arena al proceso de paz que se desarrolla en La Habana, por favor difunda este video.

El Ambientalismo en Colombia,…. ni Ambientalistas ni Radicales….

Como “ambientalistas radicales” son calificados quienes se oponen a los proyectos de “desarrollo” propuestos por el gobierno; mas específicamente, por su oposición a macroproyectos de minería y a los cambios en los procedimientos de licenciamiento que se han realizado recientemente para simplificar y acelerar la aprobación de esos proyectos.

Sin duda el uso del termino “ambientalista radical”  no ayuda para nada en la discusión de la problemática ambiental real asociada a los macroproyectos propuestos por el gobierno de Santos, por el contrario desvía la discusión a ámbitos ideológicos, que en el contexto colombiano puede conducir incluso a que esos supuestos “radicales” terminen siendo señalados como subversivos o terroristas.

En aras de bajarle intensidad a esas estigmatizaciones hay que empezar por reconocer que en Colombia no hay ambientalistas, mucho menos “ambientalistas radicales.” Las pocas personalidades que tienen algún reconocimiento a nivel nacional, si acaso clasifican como “ciudadanos preocupados” por el medio ambiente. El termino ambientalista implica no solo una preocupación por la protección y conservación de los recursos naturales (que en Colombia evoluciona o involuciona a la par con los vaivenes de la política domestica) sino el reconocimiento de que los inmensos e irreversibles daños ambientales causados (y los que aun pueden causarse) son consecuencia de un modelo económico capitalista depredador que prioriza la rentabilidad rápida y fácil a expensas de las limitaciones y sostenibilidad de la naturaleza, y del bienestar de la gran mayoría de ciudadanos. 



El debate a nivel mundial ya no es entre la protección de los recursos naturales y el desarrollo (así lo disfracen de desarrollo sostenible) sino en contra del sistema económico capitalista que ha sido totalmente usurpado por las grandes multinacionales que todo lo quieren explotar y mercantilizar para su único beneficio. 


Si el centro de atención de las criticas de estos “ambientalistas” no es este modelo económico depredador, las solas preocupaciones sobre los impactos y los tramites de licenciamiento ambiental no tendrán mayores efectos.  Si se tiene en cuenta que el marco institucional ambiental es parte de ese sistema depredador y como tal ha sido establecido como un simple formalismo burocrático, las criticas de ciudadanos preocupados a lo sumo propiciarán algún cambio irrelevante en los diseños y magnitud del proyecto, y hasta un aplazamiento temporal, pero nunca su cancelación o reformulación teniendo en cuenta todas las opiniones y preocupaciones expresadas por las comunidades afectadas; mucho menos propiciarán una re evaluación transparente sobre su pertinencia y los beneficios reales (sociales y económicos) para toda la población.   


Para efectos de evaluar los beneficios sociales y económicos hay que distinguir entre proyectos de infraestructura y servicios públicos, por ejemplo, los cuales son necesarios para la movilidad, bienestar social y desarrollo económico de cualquier nación, y los proyectos extractivos como los mineros y petroleros, los cuales son inherentemente rentistas y en un sistema capitalista como el colombiano solo benefician a multinacionales extranjeras y a un pequeño sector de nacionales. 

Sobre estos últimos proyectos, sin demeritar por supuesto los inmensos daños ambientales y sociales que ocasionan, la discusión de fondo debe ser sobre las políticas estatales, principalmente las que tienen que ver con áreas/regiones identificadas para explotación; delimitaciones de áreas de conservación y su preservación vs. extractivismo; mecanismos efectivos de consultas con comunidades; modelos y términos de contratos y concesiones; porcentaje, distribución e inversión de regalías; tecnologías, estándares ambientales y laborales; monitoreo de explotación y ambiental, etc….  

Cuestionamientos enfocados solo a la conveniencia o no conveniencia ambiental de un determinado proyecto minero, que de hecho ya ha sido definido inconsultamente como “viable” por el gobierno, hace a un lado la discusión sobre las decisiones políticas que son las que determinan no solo el nivel de impactos ambientales y sociales sino los beneficios económicos y como éstos se distribuyen entre la sociedad.

No he escuchado a ningún “ambientalista” cuestionar abierta y categóricamente (menos oponerse) el modelo económico capitalista, explotador y depredador que prevalece en Colombia y que solo beneficia a las multinacionales, a sus socios locales y a los funcionarios corruptos que participan en los procesos de licenciamiento minero y ambiental. Esos funcionarios corruptos son los nuevos ricos del país que ha producido el boom minero y petrolero de la ultima década.

Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de proyectos de infraestructura y servicios públicos requiere una posición y análisis diferente por parte de los “ambientalistas”.  Este tipo de proyectos podrían desarrollarse sin mayores demoras atribuibles a la aprobación de la licencia ambiental si los procesos de planeación fueran realmente técnicos y no motivados por intereses politiqueros, si para las etapas de estudios de factibilidad y de diseño se apropiaran recursos suficientes para evaluar y seleccionar las opciones técnicas que produzcan menos impactos y mayores beneficios, si los procesos de escogencia de las firmas de ingeniería para que adelanten todas las fases de estudios fueran trasparentes y garantizaran la selección de la firma mas idónea, y si las propias firmas de ingeniería se preocuparán mas por proveer servicios profesionales de la mas alta calidad que por ganar a cualquier precio los contratos para luego poner a trabajar mas a los abogados (con demandas al estado por adiciones presupuestales o cambios en los diseños) que a los ingenieros en la elaboración de los estudios.


Por el lado de las autoridades ambientales, aunque estas sean parte integral de la misma burocracia gubernamental que propone los proyectos, su participación debería darse desde las etapas de planeación, designando para el efecto funcionarios competentes y honestos que realmente tengan voz en el proceso de toma de decisiones y sean debidamente informados sobre los avances de las posteriores etapas de estudios y diseños, incluyendo por supuesto los avances de los estudios de impacto ambiental.

El proceso de socialización de estos proyectos y su posterior licenciamiento seria mas transparente y expedito ya que la actividad de revisión de los estudios técnicos y ambientales por parte de la autoridad ambiental se limitaría a verificar que los proyectos cumplan con los mas altos estándares técnicos y que todas las etapas de planeación, incluida su socialización, consultas previas, etc., se hayan llevado a cabo oportunamente y con transparencia.

Desafortunadamente, esto que parece tan elemental y lógico no se da en Colombia. Incluso los proyectos de infraestructura se socializan con las comunidades (si es que se consultan) cuando ya la decisión ha sido tomada; esto es, simplemente para cumplir un requisito formal.  Los estudios y diseños (incluidos los ambientales y sociales) que se presentan como soporte para obtener la licencia, siempre son incompletos y mediocres; y los funcionarios que tienen la responsabilidad de evaluarlos, en lugar de devolver todo el proyecto y exigir que cumplan a cabalidad o revisen los procesos de planeación, consulta y diseños, terminan interviniendo en la definición de aspectos técnicos que no les compete (ni tienen la preparación profesional); para no mencionar que, luego haber tenido por años los documentos en sus escritorios, en la mayoría de los casos se limitan a pedir correcciones irrelevantes sobre partes del estudio o parágrafos que simplemente no le gustan al funcionario de turno.

En el entretanto, el rezago del país en materia de desarrollo de su infraestructura de transporte es vergonzoso. No es sino que visiten el Ecuador para que lo comprueben.






Autopistas en Ecuador

martes, 28 de octubre de 2014

Proceso de Paz y Victimas: victimas ignoradas, re victimización de victimas, fabricación de victimas,…..

El punto de las victimas, como era de anticipar, se ha convertido en un tema álgido en las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana.  Un asunto humanitario que abordado con la seriedad que demanda su importancia podría garantizar el éxito de la negociaciones, ha sido objeto de las manipulaciones mas mezquinas, y no solo por los enemigos del proceso sino por pate de elementos del propio gobierno.

Aparte de la mezquindad natural que caracteriza a ciertos personajes de la vida política, la manipulación de las victimas es una consecuencia de la distorsión que se ha hecho del conflicto colombiano, en cuanto a su naturaleza, orígenes, causas, victimas y determinadores.

La manipulación mezquina de las victimas, a unas re victimizándolas, a otras usándolas, y a otras ignorándolas, es una formula perversa que conducirá a otro fracaso del proceso de paz.

Si por parte del gobierno hay sinceras y genuinas intenciones de alcanzar paz, las discusiones sobre el tema de victimas deben abordarse sobre la base de que todo el pueblo colombiano tenga claridad de los origines, causas y naturaleza del conflicto interno. Eso por supuesto requiere de un gran esfuerzo pedagógico principalmente dirigido a ese grueso de población que ha sido bombardeada por los medios prepago con una versión del conflicto totalmente distorsionada, al punto que hay victimas que no saben distinguir quienes sus victimarios.

Para empezar, hay que hacer una clara distinción entre el conflicto civil interno, que es de naturaleza política, social y económica; y el “conflicto armado o confrontación armada”, que es una consecuencia de la existencia de ese conflicto interno.

El conflicto interno colombiano tiene sus orígenes desde prácticamente la época colonial; y como tal, sus victimas son la gran mayoría de colombianos, quienes lo han sufrido a través de la marginación y represión estatal y que por lo mismo han sido condenados a vivir en condiciones de miseria y marginamiento social generación tras generación.

Si se trata de la confrontación armada, que es lo que se trata de terminar mediante una negociación política, entre sus victimas hay que contar a los miles de colombianos que han sido asesinados en el fuego cruzado entre las guerrillas y las fuerzas armadas, como resultado de ataques indiscriminados a poblaciones en las que actores del conflicto armado (de uno u toro bando) han montado bases operacionales, por explosivos enterrados en zonas de conflicto (por ambos bandos); e incluso (dentro del derecho internacional), podrían considerarse como victimas los combatientes de uno u otro bando que han sido sometidos a tratos inhumanos luego de haber sido hecho prisioneros.

Por el lado del conflicto civil interno, las victimas alcanzan cifras de millones: como resultado de masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados,…hechos de violencia que en su gran mayoría han sido cometidos por agentes estatales y paraestatales, es decir por el propio Estado que se supone está para proteger la vida y honra de todos los colombianos, lo que hace que esos crímenes sean aun mas repudiables.

De hecho, no les falta razón a las guerrillas cuando reclaman que incluso miembros de la guerrilla deben ser consideradas como victimas del conflicto interno como quiera que han optado (o se han visto forzados) por alzarse en armas luego de que sus familiares mas cercanos (en muchos casos, familias enteras) han sido asesinados en masacres o selectivamente por parte de fuerzas estatales/paraestatales bajo el pretexto de que eran miembros o auxiliadores de la guerrilla. Su único delito era vivir marginados y condenados a vivir en la miseria en regiones del país donde el único actor externo que les garantizaba su supervivencia era la guerrilla.

Los buitres carroñeros que se lucran de la guerra se han dado a la tarea, con ayuda de los grandes medios de comunicación, de negar la existencia del conflicto o distorsionar su naturaleza y manipular mezquinamente a la población haciéndole creer que las únicas victimas que hay que reparar son las del conflicto armado, y que sus únicos victimarios son las guerrillas.  Bajo esa lógica absurda, ni siquiera entonces el conflicto armado ha existido. Según ellos, lo que ha padecido el país durante los últimos 50 años no es una confrontación armada entre fuerzas irregulares y estatales sino una serie de asaltos a bases militares, a poblaciones, etc., por parte de un grupo de “terroristas” que no quieren que el país prospere (léase, que continúe bajo el control y explotación de fuerzas trasnacionales en asocio con las oligarquías y mafias políticas locales).     

Y lo peor es que incluso elementos del gobierno se unen a este coro. Una cosa es lo que los delegados de Santos discuten y acuerdan en La Habana y otra totalmente opuesta lo que algunos de sus funcionarios vociferan públicamente. El caso del nefasto ministro de defensa es el mas patético y dañino. No descansa en su empeño de desdeñar e ignorar a las victimas del terrorismo de estado, y no pierde oportunidad de incendiar mas los ánimos de los buitres carroñeros, manipulando mezquinamente cualquier declaración que sale de la delegación de las FARC.

El desprecio por parte del Estado de sus miles de victimas es tal que incluso desconoce sus propios documentos oficiales que sobre el conflicto armado se han escrito.  El documento mas reciente es el preparado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, el cual da cuenta de que solo el 30% son victimas son de las FARC.  Las fuerzas estatales y paraestatales son responsables del 70% de los crímenes y hechos violentos/victimizantes cometidos a lo largo del conflicto interno colombiano; y eso mal contados porque el mencionado documento oficial solo cuenta las victimas a partir de la época en que se inicio la confrontación armada. 

Esas victimas del estado no tienen dentro del país la audiencia que tienen las victimas de la guerrilla; incluso, aunque el gobierno ha aceptado incluir dentro de los grupos de victimas que han viajado a La Habana a representantes de sus victimas, dentro del país, cuando los medios prepago se refieren a ellas las estigmatizan, condenan, las asocian con terrorismo, y hasta se burlan de ellas porque saludan a los delegados de las FARC.

Para salir de este oscuro ambiente la primera guerra que hay que acabar es la guerra de mezquindades; a quien hay que desmovilizar y desarmar primero es a los buitres carroñeros que se han lucrado de la violencia y terrorismo de estado; a quienes hay que censurar no es a los delegados de las FARC en La Habana sino a los periodistas prepago que todos los días desde la madrugada vomitan su verborrea incendiaria y su odio hacia las victimas del terrorismo de estado o contra quienes las visibilizan o defienden.

Al presidente Santos se le debe exigir que muestre coherencia entre su retorica a favor de las negociaciones de paz cuando es entrevistado por medios extranjeros y su lenguaje guerrerista que predomina cuando se dirige a la audiencia nacional; lenguaje que se torna incendiario cuando, haciendo uso de sus habilidades de ventrílocuo, a quien pone a hablar es a su muñeco el ministro de defensa con el fin de complacer a los buitres carroñeros y a su alienada galería.

domingo, 26 de octubre de 2014

Metáforas y eufemismos que disfrazan el terrorismo de estado en Colombia


El conflicto colombiano, y mas concretamente el terrorismo de estado, no solo ha dejado cientos de miles de victimas y agudizado la miseria de la inmensa mayoría de sus habitantes, sino que ha prostituido el significado de palabras que existen para describir acciones criminales al punto que una gran parte de la población ha alcanzado un estado de anestesia que hasta los mas horrendos crímenes son observados con indiferencia y hasta con asentimiento.

Las siguientes son algunas de las tantas metáforas y eufemismos que utilizan el gobierno, sus fuerzas militares/paramilitares, las mafias políticas, elites y sus medios prepagos para deshumanizar a sus victimas, minimizar los efectos de la guerra estatal contra toda la población, y manipular la percepción de la opinión publica frente a los horrendos crímenes cometidos por agentes del propio estado.

Terrorismo – El termino terrorismo ha sido históricamente definido como una acto de violencia dirigido en contra de la población civil y con motivaciones políticas. Pero el gobierno colombiano ha adoptado (o le han exigido que adopte) la definición manipulada del gobierno de EEUU, según la cual terrorismo es el uso “ilegal” de violencia para alcanzar objetivos políticos  a través de coerción ejercida contra el gobierno o la sociedad civil.  Como resultado de esta manipulación lingüística los miembros de las fuerzas militares en servicio activo son incapaces de cometer actos de terrorismo no importa cuantos civiles sean asesinados en desarrollo de cualquier operación militar.

Terrorista – en línea con la definición anterior, como terrorista puede ser designado cualquier colombiano que se atreva a protestar, cuestionar, oponerse al régimen mediante el recurso de la protesta pacifica pero que se puede tornar violenta por acciones de infiltrados del mismo aparato estatal (situación que ha ocurrido en la mayoría de las protestas y marchas). Bajo esta premisa, terrorista puede ser cualquier líder sindicalista, estudiantil, activista social o de derechos humanos, líder campesino, indígena o afrocolombiano; e incluso cualquier colombiano de a pie que participe en una marcha o protesta callejera.

Plan Colombia – Acuerdo final de sometimiento del gobierno colombiano y sus fuerzas militares y policiales a los designios del gobierno de EEUU, y que permite la militarización de todos los ámbitos sociales del país y la expansión del terrorismo de estado a todos sus rincones. Bajo este acuerdo, las fuerzas armadas del país quedan prácticamente al mando de Pentágono y como tal son militares y mercenarios gringos los que deciden y dirigen todas las “operaciones militares”; según ellos, en contra de la insurgencia y el narcotráfico.

Operativo militar/policial – Operativo de las fuerzas de terror estatales, bajo el mando de militares y mercenarios gringos (contratistas, los llaman – otro eufemismo), y que tienen como propósito crear terror en las comunidades que habitan supuestamente zonas de influencia guerrillera. Como resultado de estos “operativos”, campesinos humildes (hombres, mujeres y niños) que son masacrados por los bombardeos indiscriminados son presentados también como guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla. Producto de estas acciones de terrorismo estatal, los habitantes de las zonas bombardeadas se ven forzados a abandonar sus tierras y pertenencias, y huir a las ciudades a engrosar los cordones de miseria. Para confundir mas a la opinión publica, estos operativos son denominados con nombres rimbombantes como “plan espada”, “plan cóndor”, etc.

Chuzadas – Política de estado de persecución, amedrentamiento, chantaje, hostigamiento e invasión de la privacidad de opositores políticos y de cualquier ciudadano que sea considerado un elemento subversivo o potencialmente subversivo.  Para el Estado, como se infiere de la manipulación del termino “terrorismo” comentado anteriormente, subversivo y terrorista ya son prácticamente lo mismo.

Bacrim – Nuevo nombre dado a los grupos narcoparamilitares con el fin de ocultar su falsa desmovilización y sometimiento a la justicia. La fuerzas militares aprovechan esta designación para alegar que no tienen mandato constitucional para enfrentar a estas “bandas criminales”; de ahí que estas bandas, conformadas por los narcoparacos de siempre, tienen ahora mas libertad y espacio geográfico para cometer impunemente sus atrocidades y seguir con el gran negocio del narcotráfico.

Falsos positivos – Asesinatos a sangre fría de civiles inocentes por parte del ejercito para presentarlos como muertes en combates con las guerrillas. Estas ejecuciones extrajudiciales, como se conocen judicialmente, son parte de la política de terrorismo estatal mencionada anteriormente la cual a su vez es parte de la instrucción y entrenamiento que reciben oficiales y suboficiales colombianos en la Escuela de Las Américas en EEUU. En el lenguaje militar, esta práctica terrorista es apenas una de las materias incluidas en el manual de contrainsurgencia cuidadosamente elaborado por el ejercito gringo y que ha sido y sigue siendo puesto en practica en todas las guerras que libran o patrocinan (Guatemala, El Salvador, Vietnam, Afganistan, Irak, etc….).

Neutralizar – Eufemismo para dar cuenta de los asesinatos de supuestos miembros de la guerrilla producto de “operativos militares”. Una variante de este eufemismo que utiliza frecuentemente el gobierno cada vez que un colombiano es asesinado por el ejercito es decir que un “guerrillero/terrorista fue abatido” en un operativo militar.

Zonas especiales de desarrollo – Regiones colombianas, que generalmente han sido abandonadas por el estado, en las cuales se instala un comando militar para que supuestamente supervise y asegure la ejecución de proyectos y programas de desarrollo social y económico. Detrás de este “noble propósito” lo que hay es el interés del gobierno de asegurar militarmente la zona en anticipación de macroproyectos de inversión de gran capital (proyectos mineros, petroleros o energéticos) que únicamente beneficiarán a multinacionales y a sus socios locales (mafias políticas y empresariales).

Limpieza social – practica cotidiana de exterminio de sectores de población que viven en condiciones de miseria absoluta y cuyos victimarios son agentes del estado o miembros de bandas paramilitares.

Términos como los anteriores han sido creados para reemplazar imágenes mentales de crímenes atroces con imágenes de algo distinto. En ultimas, este lenguaje tiene el propósito de constreñir totalmente la creación de cualquier imagen mental que pueda producir horror y demandar castigo para sus autores. Si la persona no puede ver con claridad lo que sucede, tendrá dificultades para entender sus implicaciones. Un sistema inhumano (deshumanizante) requiere de un lenguaje inhumano. Este lenguaje se ha vuelto tan familiar y dominante que ha penetrado nuestras vidas y pensamientos prácticamente sin que nos hayamos dado cuenta.

Por el lado de los medios de comunicación, en lugar de confrontar a los políticos, militares y funcionarios del estado y conminarlos a que llamen las cosas por su nombre (que digan “asesinato” cuando “asesinato” es el acto cometido por ellos, “colombianos/pueblo/gente” cuando son “colombianos/pueblo/gente” las victimas de esos asesinatos), repiten y repiten las evasiones y manipulaciones lingüísticas que utilizan con el propósito de ayudar en la minimización de sus acciones criminales.  

Lo peor es que esa terminología tan trivializada y degradada la digerimos sin ningún cuestionamiento hasta que también nosotros mismos terminamos utilizándola en nuestras conversaciones cotidianas (operativo del ESMAD, terrorista de las Farc abatido, plan choque, etc.), sin detenernos a pensar cómo esas palabras que se siembran y resuenan en nuestra mente nos impiden ver la realidad y los horrores que ocurren a diario.

Si los colombianos queremos recuperar la esencia de la condición humana de las manos de ese grupo minúsculo de personas que la han secuestrado, tenemos también que empezar por recuperar el lenguaje a través del cual esa humanidad es definida y descrita. Para ponerlo en simples términos, esta es tal vez la primera tarea que tenemos que hacer quienes realmente queremos un país justo y en paz.

Muchas son también las metáforas y eufemismos que se usan para manipular la verdad sobre las actuaciones políticas corruptas, cotidianas dentro del gobierno y congreso (mermelada, reforma, etc.) pero esto será tema de otro articulo. 

jueves, 9 de octubre de 2014

Juan Carlos Pinzón, ministro conspirador o carta de Santos para crear condiciones que “justifiquen” rompimiento de negociaciones de paz

El ridículo que hizo el pirómano ministro de defensa Juan Carlos Pinzón con la “revelación” de que sus servicios de inteligencia descubrieron que Timochenko ha viajado a La Habana, parecería mostrar que su jefe Santos no lo tiene últimamente al tanto de todo lo que ocurre con las negociaciones de paz. Timochenko si estuvo en La Habana pero con conocimiento de los delegados en la mesa de negociaciones y obviamente del propio Santos.  

Y no faltan razones para pensar que existe un proyecto de conspiración de las fuerzas militares con el gobierno de Santos ya que está comprobado que las actividades de espionaje y saboteo del proceso de paz han sido desarrolladas precisamente desde oficinas, bases militares y dependencias que dependen directamente del ministro de defensa.  Actividades criminales que cuando fueron develadas, el ministro Pinzón fue el primero que salió a negarlas; luego a intentar justificarlas; y por ultimo, a minimizarlas.

Lo que no aún encaja es porque Santos ratificó y aun mantiene a Juan Carlos Pinzón como su ministro de defensa cuando todas sus actuaciones (todas grotescas, por lo demás) lo delatan como que es mas el ministro dedefensa de Alvaro Uribe Velez que del gobierno actual.

Dado el lenguaje incendiario y proclividad a los montajes desestabilizadores que caracteriza a Pinzón, acaso Santos lo mantiene como su carta principal para dejarlo actuar con total libertad cuando vea que es el momento de romper las negociaciones con las FARC? 

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